El diezmo es un impuesto del diez por ciento (la décima parte de todas las ganancias) que se debía pagar a un rey, gobernante, o líder eclesiástico.
La obligatoriedad del diezmo se introdujo a través de Aragón y Cataluña, regiones fronterizas con el Imperio carolingio. El pago del tributo se realizaba en especie y representaba un décimo de los frutos de la agricultura o ganadería obtenidos por el creyente. Existían dos categorías de diezmos: el mayor, que se aplicaba sobre los productos generales, como los cereales, vinos, aceites, vacas, ovejas, etc., y el menor, que comprendía los bienes más específicos: aves de corral, legumbres, hortalizas, miel, etc.
Los ingresos obtenidos eran recogidos por el “colector” y entregados a los párrocos, abades y obispos. Para facilitar este proceso los vecinos podían nombrar a un “dezmero”, que iba retirando los productos de las casas de los contribuyentes.
En ocasiones, la recaudación perdía su sentido originario al ser percibida por los señores feudales, como consecuencia de ser patronos de un monasterio o iglesia o de haber comprado los derechos recaudatorios a la Iglesia. Los diezmos se distribuían por tercios en función de su destino, un tercio se dedicaba a la construcción de iglesias, otro a sufragar los gastos del personal eclesiástico y, el último, a cubrir las necesidades capitulares. A pesar del nombre, el tipo aplicado variaba según los objetos gravados y las regiones, por lo que no siempre alcanzaba el diez por ciento. Tampoco se extendía a la totalidad de los productos agrícolas y ganaderos, lo que originó distorsiones del mercado al ampliarse de manera desmesurada los cultivos o la crianza de animales exentos de gravamen. El castigo más eficaz para evitar el fraude fue la excomunión, que no se levantaba hasta que el contribuyente pagara la totalidad de las cantidades debidas.
En la Edad Media, los reyes consiguieron una participación en la recaudación de los diezmos de la Iglesia. El Rey propuso al papa la posibilidad de que la Hacienda Real obtuviese el tercio del diezmo que se destinaba a la construcción de las iglesias, con la finalidad de atender los gastos militares del asedio de Sevilla. Conseguida esta primera participación, que alcanzó las dos novenas partes del diezmo, la autorización pontificia fue renovándose, hasta convertirse en 1494 en un recurso permanente del Estado, conocido con el nombre de “tercias reales”.
Felipe II consiguió otra nueva concesión, el "excusado", que consistía en reservar al monarca los rendimientos del diezmo obtenido por el mayor “dezmero” de cada parroquia. En este caso, los motivos de la participación eran los costes que suponían para la corona las guerras contra los infieles y los herejes.
En 1837 se acordó la supresión de los diezmos en España, pero las necesidades de recursos para la Primera Gerra Carlista, obligaron a diferir la efectividad de la medida hasta la conclusión del conflicto. En 1841 nació la contribución de culto y clero que supuso, que el impuesto siguiese incidiendo aunque fuese con otro nombre.
miércoles, 21 de marzo de 2012
Mapa divisiones administrativas después de J. Burgos
Fue un Real Decreto, fechado el 30 de noviembre de 1833, con siete artículos, el que establecía la constitución de cuarenta y nueve provincias. En virtud de aquél, el antiguo Reino de Murcia quedaba dividido en dos provincias, y ambas administradas por el Gobierno central: la de Albacete, al norte, y la de Murcia, al sur.
Las provincias recibieron el nombre de sus capitales (excepto cuatro de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Navarra, con capital en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián y Vizcaya con Bilbao).
El proyecto de Javier de Burgos fue prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud, Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital.
El modelo de Javier de Burgos eran los departamentos franceses y si bien muchas de las decisiones de límites y adscripciones a provincias pudieron parecer arbitrarias (de acuerdo a criterios históricos y geográficos), no lo fueron tanto, puesto que seguían ciertos criterios "racionales": extensión (desde el punto más alejado de la provincia debería poder llegarse a la capital en un día), población (las provincias deberían tener una población entre 100.000 y 400.000 personas) y coherencia geográfica. A la cabeza de cada provincia, el gobierno de la nación designaría un representante, que ostentaría el título de jefe político.
Mapa divisiones administrativas antes de J. Burgos
Felipe V creó, tomando como base las provincias preexistentes creadas por los Austrias, la institución de las intendencias. Si bien es cierto que éstas no coincidían siempre con los límites de las provincias, por lo que hubo cierta oposición a esta división. Se crearon veinte intenencias.
Al final del Antiguo Régimen las jurisdicciones locales ofrecían un cuadro todavía más obsoleto y anacrónico que el de las viejas provincias; distribuidas en jurisdicciones realengas, abadengas y de señorío secular eran el resultado de circunstancias históricas acumuladas durante el paso de los siglos y representaban la antítesis de la racionalidad y de la eficacia administrativa.
Durante el siglo XIX, en España se asiste a una lucha entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal, con dos conceptos antagónicos de gobierno. El Estado liberal necesita una nueva ordenación del territorio, que le permita gobernar el país de manera uniforme, recaudar impuestos, y crear un mercado único con leyes iguales para todos. Con este propósito comienzan una serie de reformas que no se aprobaron o realizaron debido a diferentes causas. Estas reformas son:
Prefecturas de 1810 (en 1812 un decreto permitió anexionar Cataluña a Francia como una nueva región dividida en cuatro departamentos).
Las Cortes de Cádiz intentan crear un nuevo régimen, también liberal, en el que todas las provincias tengan las mismas obligaciones. La constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos. Esto fue aprobado por los diputados de todas las provincias, incluidos los territorios americanos. Las Cortes llegan a un sistema nuevo que sí tiene en cuenta los condicionamientos históricos. Se crean 32 provincias, según el nomenclátor de Floridablanca, con algunas correcciones. Pero, además, en 1813 encargan una nueva división provincial a Felipe Bauzá, que determina 36 provincias, con siete provincias subalternas, con criterios históricos. Pero nada de esto se aprobó, y el regreso de Fernando VII supuso la vuelta al Antiguo Régimen, con ciertas modificaciones. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados.
Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820–1823), se impulsa la construcción del Estado liberal, y con él se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división alcanzara a todo el país, sin excepciones, y fuera la trama única para las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, según criterios de igualdad jurídica, unidad y eficacia.En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.
Va a ser en 1833 cuando se establezca la división provincial que tenemos en la actualidad con algunas diferencias y llevada a cabo por Javier de Burgos.
Al final del Antiguo Régimen las jurisdicciones locales ofrecían un cuadro todavía más obsoleto y anacrónico que el de las viejas provincias; distribuidas en jurisdicciones realengas, abadengas y de señorío secular eran el resultado de circunstancias históricas acumuladas durante el paso de los siglos y representaban la antítesis de la racionalidad y de la eficacia administrativa.
Durante el siglo XIX, en España se asiste a una lucha entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal, con dos conceptos antagónicos de gobierno. El Estado liberal necesita una nueva ordenación del territorio, que le permita gobernar el país de manera uniforme, recaudar impuestos, y crear un mercado único con leyes iguales para todos. Con este propósito comienzan una serie de reformas que no se aprobaron o realizaron debido a diferentes causas. Estas reformas son:
Prefecturas de 1810 (en 1812 un decreto permitió anexionar Cataluña a Francia como una nueva región dividida en cuatro departamentos).
Las Cortes de Cádiz intentan crear un nuevo régimen, también liberal, en el que todas las provincias tengan las mismas obligaciones. La constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos. Esto fue aprobado por los diputados de todas las provincias, incluidos los territorios americanos. Las Cortes llegan a un sistema nuevo que sí tiene en cuenta los condicionamientos históricos. Se crean 32 provincias, según el nomenclátor de Floridablanca, con algunas correcciones. Pero, además, en 1813 encargan una nueva división provincial a Felipe Bauzá, que determina 36 provincias, con siete provincias subalternas, con criterios históricos. Pero nada de esto se aprobó, y el regreso de Fernando VII supuso la vuelta al Antiguo Régimen, con ciertas modificaciones. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados.
Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820–1823), se impulsa la construcción del Estado liberal, y con él se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división alcanzara a todo el país, sin excepciones, y fuera la trama única para las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, según criterios de igualdad jurídica, unidad y eficacia.En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.
Va a ser en 1833 cuando se establezca la división provincial que tenemos en la actualidad con algunas diferencias y llevada a cabo por Javier de Burgos.
domingo, 11 de diciembre de 2011
Mapas de divisiones
Las siguientes imágenes son diferentes mapas de divisiones de la Península Ibérica a través del paso del tiempo.
A continuación de cada uno de ellos está adjuntada una pequeña explicación sobre esa división.
En este mapa se representan las distintas provincias en las que fue dividida la Hispania romana, por el emperador romano Diocleciano: Tarraconensis, Lusitania, Cartaginensis, Bética, Baleárica, Gallaecia.
A continuación de cada uno de ellos está adjuntada una pequeña explicación sobre esa división.
División de los pueblos prerromanos
En este mapa se muestra en diferentes colores los distintos pueblos que habitaron la península Ibérica antes de la llegada del pueblo romano, así como los lugares por los que se repartían.
División administrativa de la Hispania romana
En este mapa se representan las distintas provincias en las que fue dividida la Hispania romana, por el emperador romano Diocleciano: Tarraconensis, Lusitania, Cartaginensis, Bética, Baleárica, Gallaecia.
Mapas de reinos cristianos y musulmanes de la Alta Edad Media
Durante este largo período, reinos cristianos y musulmanes coexistieron y lucharon en el territorio peninsular.
Podemos distinguir diversas fases:
Primera etapa (siglos VIII-X)
Desde las primeras escaramuzas de importancia, como la victoria cristiana en Covadonga (722) se abre un largo período en el que los núcleos cristianos del norte consolidan su territorio y avanzan tímidamente hacia el sur. El reino asturiano alcanzó la línea del Duero en el año 910. Esto llevó a que Ordoño II (914-924) trasladara a León el centro político del reino. A partir de entonces se comienza a hablar de reino astur-leonés, y después de reino de León.
Segunda etapa (siglos XI y primera mitad del XII)
Aprovechando la debilidad musulmana tras el fin del Califato y la disgregación de los Reinos Taifas, León y Castilla rebasan la Cordillera Central y ocupan la cuenca del Tajo. Toledo se reconquista en 1085. La ocupación del reino de Toledo significó la incorporación a su reino del territorio situado entre el Sistema Central y el río Tajo. Al final de la Edad Media, la península estaba repartida en cuatro reinos cristianos:Castilla, Aragón, Navarra y Portugal y el reino musulmán de Granada.Europa en el siglo XVI
En este mapa se aprecia la gran expansión del Imperio Español por Europa en el siglo XVI, año en el que reinaba Felipe II. España se anexionó con Portugal, así como que consiguió las colonias americanas, los territorios de Flandes, Sicilia, Cerdeña y Nápoles. También consiguió ciertos territorios centro europeos.
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